El procurador Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación manifestó que tienen una política de cero tolerancia con las “factureras”. Precisó que pretenden sancionar cualquier tipo de “omisiones” o “desvíos” fiscales utilizando la estrategia de establecer una proporción entre el litigio penal y lograr la restitución del dinero robado al fisco.
En ese sentido, señaló que aquellas que rebasen los 7.8 millones de pesos, serán consideradas como delincuencia organizada.
Para el Procurador Fiscal, “la administración actual pretende generar nuevos “paradigmas” para unas sanas finanzas en México”. Por lo que, toda aquella empresa que infrinja los límites de la legalidad será sancionada; además, serán llevadas a litigio penal donde se les puede dar la posibilidad de rectificar y otorgarles un “acuerdo reparatorio”. Y si no lo aceptan pues entonces la consecuencia es la cárcel.
El procurador afirma que la Reforma penal fiscal propuesta y ejecutada por la actual administración, se apoya de “infiltrados con autorización judicial” para conocer las formas criminales de operar de las “factureras”. Al respecto, señaló que hubo muchos casos en donde empresas fachadas se aprovechaban de gente inocente como desde un albañil hasta personal de intendencia que utilizaban como parte administrativa para lograr las firmas y documentación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Abundó en el sentido de que, junto con las denuncias presentadas ante el SAT y en la Fiscalía General de la República; ya puede existir la prisión preventiva en dos casos:
1.- Materia fiscal – Se indagan los comprobantes fiscales digitales, de dónde provienen y si hubo alguna contención (sic).
2.- Delitos contra la seguridad nacional – En este caso se trata de malversaciones “millonarias” donde la sistematización se basa en omisiones, documentación falsa, incumplimiento de pagos fiscales; y dónde además se hallan “retribuciones” en detrimento del fisco nacional.
De acuerdo con el procurador, la “nueva” reforma penal fiscal, vigente desde el día 1ero de enero de 2020 es un escudo que ciertamente blinda la legalidad constitucional y fiscal; y ha podido combatir fraudes del año 2019 con un monto de hasta $500,000’000,000.
En ITC somos expertos en ayudar a empresas y empresarios que, por algún motivo pudieron verse envueltos en el uso de este tipo de documentos, o bien, utilizaron los llamados asimilados a salarios.
Fuente: Entrevista concedida al periodista y editor Carlos González de Thomson Reuters -” La autoridad fiscal fue infiltrada por grupos de factureros”- (Carlos Romero Aranda)
Síntesis de Jimena Rangel Mendoza
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